Toda actividad humana es pasible de producir daño, por lo que este aspecto no escapa a la administración pública, dado que, como parte medular en el desarrollo de una sociedad, sus agentes (funcionarios y servidores públicos) pueden ocasionar perjuicios patrimoniales al Estado con motivo del ejercicio de sus cargos. Uno de los mecanismos para enfrentar dichas inconductas recae en la figura jurídica de la responsabilidad civil, la cual, a través de determinados caracteres particulares, funge de paliativo frente a malas prácticas funcio- nales generadas en el propio aparato estatal.